Parte final de mi intervención ante el Pleno del Senado (25/04/12), en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en el debate sobre la toma en consideración de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir una Disposición Adicional Nueva, a propuesta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrès de Catalunya, con el siguiente texto:
“Entre el 1º de
noviembre y el 15 de marzo del año subsiguiente, quedará suspendida toda
ejecución de los lanzamientos o desahucios peor impago previstos en la presente
ley”. (1)
UNA REFLEXIÓN FINAL
Señorías, llevamos
una temporada excesivamente larga escuchando las lamentaciones del gobierno por
la herencia recibida. Pensamos que ver desfilar uno tras otro a cada uno de los
ministros en esta tribuna, convertida en muro de lamentaciones gubernamental,
no genera ninguna confianza dentro ni fuera de España. A mayor exageración sobre la herencia recibida, mayor subida de la Prima de Riesgo, más euros destinados a pagar los intereses de la deuda.
Pero
además, lo realmente grave, lo realmente preocupante no es la herencia recibida
sino la frustración generada por el nuevo gobierno al caudal de confianza absoluta
que recibió el pasado 20 de noviembre.
Los ciudadanos afectados por los
desahucios, los que pierden el empleo, los que tienen muchos problemas para
llegar a final de mes, los que luchan en condiciones heroicas por mantener
abiertas sus pequeñas y medianas empresas en el día a día, muchos de los cuales
se creyeron aquel Rajoy exultante que prometía la felicidad a todas la familias
a cambió de la presidencia del gobierno.
Todos ellos se angustian ante un gobierno
bloqueado, incapaz de liderar la salida de la crisis y resignado a que el paro
aumente este año con su reforma laboral en más de 600.000 personas, a que en
2012 se produzcan más de 100.000 nuevos desahucios por impago de hipotecas, a
que nuestro país que en 2011 creció un 0,7 % caiga en su primer año de gobierno
hasta un 1,7 % y a que el consumo de las familias sea cada vez menor. En 4
meses el Partido Popular se ha cargado la esperanza de mucha gente de bien que llegó
a creer que con un cambio de gobierno podían solucionarse todos los problemas.
Gente
de bien, ciudadanos y ciudadanas que cuando ven como se agravan sus problemas
nos piden unidad, nos piden trabajar juntos para salir de ésta. Y le
corresponde al gobierno convocar y recabar el apoyo de todos. Quizás sea ese el
objetivo principal en estos momentos de dificultad.
Pero el Gobierno camina en
la dirección justamente contraria. Actúa rompiendo puentes como la negociación
colectiva o el acuerdo institucional en temas de estado. Pone en marcha políticas
tan extremas como inoportunas en materia judicial, educativa, sanitaria, contra
la igualdad de género, políticas que le alejan de la centralidad necesaria para
recabar el apoyo social y político y que el país necesita hoy más que nunca.
La
toma en consideración de la modificación que debatimos hoy a propuesta de EPC y
la que propondrá el Grupo Socialista en el Congreso sobre Insolvencia Personal,
suponen una oportunidad de oro para el Gobierno, porque puede iniciar con
pequeños gestos un cambio de rumbo en su política extrema y aproximarse a los
problemas cotidianos desde una actitud dialogante y una posición centrada que
le facilitarán recabar el acuerdo social y político que nuestro país necesita
no sólo para atender las situaciones de desahucio que centran el debate de hoy
sino para salir de la difícil situación en la que nuestro país se encuentra por
la crisis económica internacional en la que estamos inmersos. (2)
(1) La moratoria invernal de deshaucios está en vigor en países como Francia desde 1956.
(2) El Partido Popular votó en contra de esta Proposición de Ley, pensando más en los acreedores (bancos) que en los deudores (familias desahuciadas).
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