REFORMA LOCAL: NI RACIONALIDAD NI SOSTENIBILIDAD.

José María Becana lamenta que el PP impulse una reforma de la administración local sin consenso, sin respeto a la Constitución y responsabilizando de todos los problemas a los ayuntamientos.

DIARIO DE SESIONES, Intervención de José María Becana

 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Socialista, el señor Becana Sanahuja.

 

            El señor BECANA SANAHUJA: Señor presidente.

            Señorías. Estarán conmigo en que algo no funciona bien en este Estado democrático y complejo, cuando el Gobierno de una comunidad como Andalucía nos explica esta mañana que hoy, por primera vez, ha hablado con el Gobierno de España sobre este proyecto de ley local, justamente aquí, cuando ya estamos a final de la tramitación parlamentaria. Y algo no funciona bien, señorías, cuando lo que hace posible este diálogo tardano es una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado que convoca la oposición, y ya es la segunda vez que la convoca la oposición. Pero añado más, algo no funciona bien cuando, después de haber escuchado atentamente al ministro y a los consejeros de las comunidades autónomas, el señor ministro no tiene la deferencia de escuchar a los senadores que van a hablar en representación de sus comunidades autónomas ni de escuchar a los grupos parlamentarios que probablemente, después de un proceso electoral, podrán conformar otro gobierno, otras mayorías.

            El señor ministro esta mañana ha dedicado una parte muy pequeña de su intervención a hablar de la importancia de la Administración local. La parte troncal de su discurso ha sido la política financiera. Nuestro grupo considera que, si el canto al municipalismo que ha hecho el señor ministro en ese minuto de gloria de su discurso de esta mañana fuera real y sincero, no tendría que haberse ido de esta sala sin haber retirado el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la letra del boletín de las Cortes que publica el proyecto de ley no tiene nada que ver con la letra que publicará el Diario de Sesiones recogiendo las palabras del ministro esta mañana, nada que ver.

            Seamos sinceros, esta ley nace con el plan de estabilización que España presenta ante la troika europea. Y España, que no se atreve a acometer ninguna remodelación importante de su sistema de administraciones públicas, se mete a acometer el sistema de lo único que, según nos dice el ministro, no tiene ningún problema financiero, no tiene ningún problema de deuda: la Administración local. Una primera intención es meterse con la demarcación, con la planta. Dicen que en España hay 8000 ayuntamientos y que hay que reducirlos, y entonces es cuando se lía dentro del mundo municipal, incluso del Partido Popular. Paso atrás. La segunda intención viene porque los ayuntamientos gastan mucho, los concejales cobran una barbaridad, los alcaldes también, las obras son descomunales. Deciden entonces que hay que meterse con el tema competencial, y ahí también han ido dando marcha atrás. Pero mantienen un objetivo, que es el de ahorrar en pocos años 9000 millones de euros, que es lo que han firmado ante la Unión Europea. ¿De dónde van a salir los 9000 millones de euros? ¿De dónde? ¡Si el ayuntamiento más endeudado es el de Madrid, que es el que soporta prácticamente el 50% o el 30% de la deuda del municipalismo español! ¿De dónde los van a ahorrar? Pues los van a ahorrar de recortes en los servicios que prestan los ayuntamientos. Y ahí viene la trampa de este proyecto de ley, deciden quitarles competencias a los ayuntamientos. Dicen, vamos a dárselas a unas administraciones que no están preparadas para ejercerlas y que estas administraciones, sean cabildos o diputaciones, se las encomienden a empresas privadas. Ahí tenemos el negocio -(Aplausos.)- y también la posible salida profesional, como hemos visto estos días en el caso del Ministerio de Sanidad, de algunos protagonistas de este proyecto de ley.

            No voy a entrar en el tema competencial o en el autonómico. Estamos, de verdad, ante un proyecto que queriéndolo o sin querer acomete una profunda remodelación de la organización territorial en los tres niveles administrativos en España, pero lo hace mal. Lo hace sin consenso, como hemos constatado hoy. Lo hace sin respeto a la Constitución. Y lo hace sin respeto a estatutos de autonomía que ustedes mismos hace pocos meses aprobaron con su voto en sus comunidades autónomas y aquí mismo, en las Cortes Generales.

            Cambiar el modelo territorial mediante una ley ordinaria sencillamente no es un procedimiento normal. No es un procedimiento reglamentado. Es una imposición. Y es una imposición frente al consenso imprescindible que requiere una reforma del calado que ustedes querrían acometer. Si el proyecto es tan bueno, señorías –y se lo preguntaría al señor ministro-, como nos han explicado esta mañana, ¿por qué van a esperar a que las competencias salgan de los ayuntamientos hacia las comunidades autónomas o hacia las diputaciones a que hayan pasado las elecciones locales? Si es tan bueno, aplíquenlo mañana, en cuanto esté publicado en el boletín oficial. Si no, ¿por qué esperamos a que hayan pasado las elecciones locales?

            Nos duele especialmente que para justificar este proyecto de ley se haya hablado mal de los gestores municipales, de los suyos, de los nuestros y de los que no están representados en esta Cámara. Me duele especialmente porque si hay algo en los municipios de España es el enorme trabajo de personas altruistas que por amor a su pueblo se dejan la piel. (Aplausos.) Eso es lo que hay en los pueblos de España. Y no son de izquierdas ni de derechas, son gente comprometida con sus pueblos y no podemos decir que a costa de su sudor España se va a ahorrar 9000 millones de euros, porque eso es una tremenda mentira.

            También dicen: una administración, una competencia. Vamos a ver, si las autonomías que ya tienen las competencias exclusivas en materia local, ¿qué hace hoy el Gobierno trayéndonos un proyecto de ley ordinaria? Si ya está establecido: una administración, una competencia, que sean las autonomías las que ordenen el mundo local. Yo les diría –y ya se ha explicado mejor de lo que yo sé hacerlo en esta tribuna- que una competencia la debe ejercer, y ese es el principio de subsidiariedad que tiene establecida la Unión Europea, aquella administración que mejor es capaz de hacerlo de cara a los ciudadanos y el resto de administraciones lo que tienen que hacer es apoyarla. Así lo han hecho las diputaciones provinciales con los ayuntamientos pequeños, así lo están haciendo las comunidades autónomas con los ayuntamientos que prestan servicios difíciles y así lo está haciendo el propio Estado con el fondo de participación. Ese es el principio de subsidiariedad. Decir: una administración, una competencia, es demagogia. Una ley de racionalización y de sostenibilidad tiene que contener tres elementos: principio de subsidiariedad, principio de cooperación y principio de financiación, de financiación suficiente. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos hagan lo que tienen que hacer.

            Miren ustedes, esto de las competencias impropias es un cuento y los que son alcaldes de pueblos pequeños saben que un alcalde ejerce de alcalde, de asesor matrimonial, de arquitecto, de albañil, de electricista. (El señor Martín Rodríguez: Y de psiquiatra.) También, dirige la terapia de grupo. (Risas.) Desde luego, no va un vecino a la alcaldía a ponerle encima de la mesa un problema al alcalde y este se lo despacha diciendo que ese no es un problema del ayuntamiento porque no tiene competencia, porque ese alcalde dejaría de ser alcalde en la siguiente convocatoria electoral. No existen competencias impropias.

            Y acabo diciendo que no es una delimitación competencial lo que los municipios reclaman. Es una nueva financiación local que les facilite cumplir con su función de administración más próxima a los ciudadanos. Y todavía hay que cumplir más todavía esa función en estos tiempos de crisis, y también se ha dicho en esta tribuna que los alcaldes y ayuntamientos han sido los artífices de que los dramas familiares no acabaran en una ruptura social. Los ayuntamientos, sus políticas sociales y sus instrumentos para hacerlas han facilitado la cohesión social. Y permítanme también hablar, y ahora sí, para finalizar, de la experiencia de una provincia como la mía, como son la mayoría de las provincias con municipios muy pequeños.

            Si finalmente retiran competencias a los ayuntamientos, no van a abaratar los costes de los servicios, los van a encarecer, porque las diputaciones no los prestarán, los prestarán empresas y esas empresas cobrarán más dinero. Pero eso no es lo peor, porque, si son empresas de fuera las que reparan las persianas del colegio, ¿qué hará el carpintero del pueblo? Y si son empresas de fuera las que limpian el centro de salud, ¿qué harán las mujeres y los hombres del pueblo que se dedican a la limpieza?

 

            El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, por favor.

 

            El señor BECANA SANAHUJA: Acabo ya, presidente.

            Y si son empresas de fuera las que se dedican al cuidado de las personas mayores ¿qué hará la gente del pueblo que vive de eso? Pues les voy a responder con una canción de Labordeta que conocimos en los años 60 y 70, que era Las meditaciones de Severino el sordo y que decía: de cien vecinos que éramos, ya solo quedamos dos, don Florencio, que vive en Huesca, y un seguro servidor. Y acababa diciendo: un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor, me voy a Zaragoza y que pregone el patrón. Ese día, señor ministro ausente, habremos retrocedido como país más de treinta años.

            Muchas gracias. (Aplausos.)