Septiembre

He pasado un fin de semana imbuído de "nuevas tecnologías" en la celebración de la 6ª edición de la Fraga Lan Party. Es justo felicitar al equipo de "magníficos" que un año más han sabido hacer de la ciudad de Fraga el punto de encuentro tecnológico y festivo de más de 300 jóvenes para compartir equipos, programas y conocimiento.

Viene esto a cuento porque a raíz de la fiesta, me he apercibido que tenía absolutamente olvidado mi blog. Y con el propósito de enmienda de reemprender mis notas, hoy me siento tranquilo frente al ordenador, después de participar en una sesión de la Comisión de Suplicatorios del Senado en la que debíamos oír las alegaciones del Senador Luis Bárcenas y designar una ponencia para dictaminar la solicitud de suplicatorio remitida por el Tribunal Supremo.

Como quiera que las sesiones de la Comisión tienen el carácter secreto me limitaré a valorar la posición de todos los grupos políticos que son partidarios de conceder la autorización para juzgar a una persona aforada. El aforamiento de los partalmentarios nacionales está previsto como una garantía para el ejercicio de la actividad política, nunca debería ser usado como una herramienta para evitar la acción de la justicia en materias delictivas.

Por eso creo que cuando un partido, como el Partido Popular en estos momentos, está inmerso en una dinámica de casos de corrupción personal y política como los que conocemos cada día en la prensa, no es suficiente el acto testimonial de apoyar el suplicatorio solicitado para sus parlamentarios nacionales.

Trajes, maletines, cuentas corrientes millonarias vinculadas a empresas que han trabajado directamente por encargo de los responsables políticos investigados, reclaman una acción más decidida de transparencia y de saneamiento. Así lo exigió el PP con toda contundencia cuando casos similares aparecieron en otros partidos (recuerdo el caso del presidente aragonés José Marco que abandonó su cargo por una imputación similar a la de Francisco Camps, en ese caso por un sillón cuyo valor no alcanzaba entonces los 360 euros). Con esa misma contundencia debería actuar ahora el PP para demostrar que su actitud frente a los casos de corrupción ajenos no era simple oportunismo político.

En otro orden de cosas, el Gobierno presentará pronto un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Sabemos ya que va a ser un proyecto de gasto contenido, austero. No obstante el gobierno está empeñado en mantener dos objetivos principales: el mantenimiento de la inversión productiva (I+d+i, infraestructuras) como instrumento para fomentar la actividad económica desde la administración y sobre todo como capitalización comunitaria para poner al país en las mejores condiciones de salida de la crisis económica. El segundo objetivo es mantener la cohesión social en un momento en que muchas familias van a ver agravada su situación al dejar de percibir la prestación de desempleo. Para ello se han implementado medidas, la más relevante la prestación de 420 euros mensuales a aquellas personas que hayan agotado la prestación que les correspondía.

Una de las peores consecuencia que puede tener cualquier crisis económica es la fragmentación social, germen de muchos conflictos en la convivencia, y fuerte varapalo para la actividad económica.

Para mantener estas dos líneas de actuación: inversión productiva y cohesión social, en un momento en el que los ingresos de todas las administraciones públicas han caído en picado será necesario realizar un esfuerzo colectivo de solidaridad y aportar entre todos recursos por la vía de los impuestos para hacerlas posibles.

El debate presupuestario deberá centrarse pues en estas dos cuestiones. Las prioridades de gasto y la recaudación de recursos extraordinarios. En estos días ha habido una crítica al gobierno por los supuestos "titubeos" a la hora de definir su política fiscal para tiempos de crisis, pero curiosamente apenas nadie critica la contradicción que supone proponer más gasto público (financiación autonómica, financiación local, ayudas a las empresas, etc...) y al mismo tiempo oponerse a cualquier tipo de ingreso por la vía fiscal.

En estos momentos de dificultad para muchas familias y empresas, deberíamos ser capaces de hablar con nitidez todas las fuerzas políticas desde nuestra posición ideológica. El Partido Socialista ya ha hecho públicas sus prioridades presupuestarias. El Partido Popular sólamente se ha manifestado contra los impuestos. Es evidente que sin recursos el Estado será más débil y con un estado debilitado ¿Cómo piensa liderar la salida de la crisis económica desde un hipotético gobierno presidido por Mariano Rajoy?: paralizando los servicios públicos y dejando en la estacada a los de siempre, justamente a quienes nada han tenido que ver con las causas de esta crisis económica.

En fín, que vamos a vivir unos días intensos de debate. Ojála por la vía de la coherencia seamos capaces de transmitir que la salida está cerca y que todos los caminos para llegar a ella son legítimos, aunque no es lo mismo que quien lidere esta salida sea un gobierno progresista a que lo haga un partido conservador.